La justicia que todos deseamos
En República Dominicana sí que se valora el empleo haitiano. En ella sí que tienen acceso irrestricto a la educación y a la salud. Es en ella donde más de 15 mil estudiantes haitianos cursan estudios universitarios con becas cubiertas en su totalidad por el gobierno dominicano y donde una cantidad aún mayor paga la misma tarifa que pagan los dominicanos.
Es en ella donde tienen acceso a tribunales que funcionan, con jueces capacitados y designados por el propio Poder Judicial, quienes no discriminan en contra de ningún inmigrante, tenga o no su documentación en regla.
Para la República Dominicana, sin embargo, resulta esencial que todos los habitantes de su territorio estén en capacidad para ejercer sus derechos civiles y contribuir así con la construcción de la democracia.
Porque la base de una democracia es una vibrante clase media, educada, capacitada para ejercer sus deberes políticos, dotada de recursos económicos e intelectuales para contribuir al desarrollo. Haití la tiene. Sólo que está en Miami, Montreal, Nueva York y Senegal.
Al emigrar, al adoptar otras nacionalidades, perdían sus ciudadanos automáticamente su nacionalidad original. Quedaban así excluidos del proceso político y de la posibilidad de aportar capitales humanos y financieros al desarrollo de su país de origen.
Ahora, por fin, se permite en Haití la doble nacionalidad. Ahora, también, podrán documentar su nacionalidad haitiana aquellos que nunca la documentaron, por efecto de la regularización que se hará de nuestro lado de la frontera. Y ello sólo podrá tener beneficios para todos, tanto en el plano de la política haitiana como en la esfera laboral dominicana.
Si una persona es hija de inmigrantes indocumentados en la República Dominicana, esa persona está en tránsito, hasta tanto sus padres obtengan el permiso de residencia, fecha a partir de la cual cesa su condición de inmigrante en tránsito. Así es en Colombia. Y así es en la República Dominicana desde 1929, como lo es para más de dos tercios de los miembros de la ONU donde no se aplica el ius soli incondicionalmente para atribuir la nacionalidad.
Si esa persona es hija de padres que vinieron a la República Dominicana como jornaleros en virtud de los acuerdos suscritos con Haití entre 1952 y 1966 al respecto, esos mismos acuerdos estipulan que su nacimiento tenía que ser registrado en alguno de los consulados haitianos en el país, pues la que le corresponde es la nacionalidad haitiana.
El mismo orden internacional establece los fundamentos de nuestras disposiciones y lo decidido por nuestro Tribunal Constitucional. La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 20.2 dice que “toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra.”
La Declaración sobre los Derechos Humanos de los individuos que no son nacionales del país en que viven, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1985, por su parte, estipula que “ninguna disposición de la presente Declaración se interpretará en el sentido de legitimar la entrada ni la presencia ilegal de un extranjero de cualquier Estado. Tampoco se interpretaráÖ en el sentido de limitar el derecho de cualquier Estado a promulgar leyes y reglamentaciones relativas a la entrada de extranjeros y al plazo y las condiciones de su estancia en él, o a establecer diferencias entre nacionales y extranjeros”.
Es así que a nadie se le quita lo que nunca tuvo. ¿Por qué criticar entonces a un Estado que ha asumido en el marco de su estado de derecho la solución al drama humano por el que actualmente pasan tantos inmigrantes indocumentados y su descendencia en nuestro territorio?
La prolongada estadía en el país como inmigrante en tránsito tiene que ser debidamente documentada antes de poder optar, conforme a la ley, por la nacionalidad dominicana. Es la sentencia TC/0168/13 la que por fin crea las condiciones para que los indocumentados que así lo deseen puedan regularizar su situación, dotándolos inicialmente de un carnet migratorio temporal. Así, quien no tiene documentos, los tendrá. Y quien decida optar por la nacionalidad dominicana, una vez regularizada su situación, podrá hacerlo si así fuera su deseo.
Sólo espero que nuestras acciones también beneficien a los tantos indocumentados haitianos en Haití. Para que puedan ejercer sus derechos civiles con todos los medios requeridos. Y para que si se decidieran a emigrar, puedan regularizar su situación desde el primer día.
Luchemos así por la justicia que tan urgentemente necesitan los haitianos en Haití. Pues es ahí donde no hay ni empleos ni condiciones para el emprendedurismo; donde no hay servicios públicos agua potable o saneamiento; donde los servicios públicos de educación y salud son sumamente precarios; donde no se nombran jueces desde hace años; donde falta 40% de Senadores por ser elegidos; y donde la mayoría de los habitantes carece de documentos, conllevando su obtención el pago de más de US$500 por persona. Esto, en el país más pobre del hemisferio.
Será sólo con su documentación en regla en que nuestros vecinos podrán atacar masivamente las causas de la injusticia ancestral que por tanto tiempo han tolerado, demandando y obteniendo a través del proceso político la gobernabilidad y la seguridad jurídica que requieren la democracia y el desarrollo humano sostenido.
Federico Cuello Camilo
El autor es embajador dominicano en el Reino Unido
Este artículo fue publicado inicialmente en el Listín Diario. Agradecemos al Embajador Cuello Camilo concedernos la publicación en nuestra bitácora.
Fundación Expresión Libre
